El colapso simultáneo Uribe y Petro – 2. La presión internacional y el error de los herederos

La principal fortaleza del gobierno de Álvaro Uribe fue también el origen de una de sus mayores contradicciones. La recuperación del control territorial del Estado y el debilitamiento militar de las FARC le otorgaron una legitimidad política pocas veces vista en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, ese mismo éxito desencadenó una presión internacional creciente que terminaría influyendo decisivamente en la evolución posterior del uribismo.

A medida que la guerrilla perdía capacidad militar, comenzaron a cobrar mayor fuerza las denuncias formuladas por organizaciones internacionales de derechos humanos, gobiernos europeos y diversos organismos multilaterales sobre las actuaciones de los grupos paramilitares y las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto. El crecimiento alcanzado por esas organizaciones armadas constituía, sin duda, un problema para el propio Estado colombiano. No obstante, el debate internacional fue mucho más allá del combate al paramilitarismo y terminó proyectando sobre el gobierno una presión política constante.

Uribe comprendió que la victoria militar no bastaba. Colombia necesitaba también legitimidad exterior. Poco a poco comenzó a introducir modificaciones en su estrategia, procurando demostrar ante la comunidad internacional que su gobierno era plenamente respetuoso del Estado de derecho y de los estándares internacionales. Aquella preocupación era comprensible desde el punto de vista diplomático. Ningún país puede vivir aislado de sus aliados ni ignorar completamente las críticas provenientes del exterior.

Sin embargo, esa búsqueda permanente de reconocimiento internacional terminó produciendo efectos políticos inesperados. En lugar de fortalecer la identidad del movimiento que había construido, el uribismo comenzó a privilegiar dirigentes capaces de generar tranquilidad en los organismos internacionales antes que entre su propio electorado. La lógica dejó de ser exclusivamente la de consolidar un proyecto político coherente y empezó a orientarse hacia la obtención de aceptación en escenarios externos cuyas prioridades no siempre coincidían con las de quienes habían respaldado masivamente al presidente.

Fue precisamente en ese contexto cuando Álvaro Uribe tomó la decisión más trascendental de toda su carrera política: designar como sucesor a Juan Manuel Santos.

La elección sorprendió a muchos de sus seguidores. Santos pertenecía a una tradición política diferente. Procedía de una de las familias más influyentes del establecimiento colombiano, había mantenido durante su juventud contactos con sectores progresistas y representaba una visión considerablemente más cercana a los consensos internacionales que la del propio Uribe. Aun así, el presidente depositó plenamente su confianza en él y lo impulsó hasta la Casa de Nariño.

El desenlace es ampliamente conocido. Apenas consolidado en el poder, Santos inició un rumbo político distinto al de quien había patrocinado su candidatura. El proceso de paz con las FARC marcó la ruptura definitiva entre ambos dirigentes y convirtió a antiguos aliados en adversarios irreconciliables. Para buena parte del uribismo, aquella decisión constituyó una verdadera traición política. No solo abandonó el programa con el cual había sido elegido, sino que terminó enfrentándose judicial y políticamente a varios de los principales colaboradores del gobierno anterior.

La ruptura dejó al uribismo ante una nueva oportunidad para redefinir su liderazgo. Existían entonces varias figuras que parecían representar con mayor claridad la identidad doctrinal del movimiento: el exprocurador Alejandro Ordóñez, María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria o Andrés Felipe Arias. Todos ellos mantenían una continuidad mucho más evidente con los principios que habían caracterizado al uribismo desde su nacimiento.

Sin embargo, Uribe volvió a optar por un camino distinto.

El escogido fue Iván Duque, un dirigente joven, moderado y con una imagen conciliadora. Su perfil resultaba atractivo para amplios sectores del establecimiento político y económico, además de generar menor resistencia en diversos escenarios internacionales. Pero precisamente esas cualidades despertaban dudas entre quienes esperaban un sucesor capaz de mantener intacta la línea política del expresidente.

Durante su mandato esas dudas terminaron confirmándose para muchos de sus antiguos votantes. Duque procuró mantener buenas relaciones con el santismo, con la oposición, con los organismos internacionales y con buena parte del establecimiento político. Esa disposición al consenso fue interpretada por algunos como una muestra de madurez institucional. Para otros, en cambio, reflejaba una permanente indecisión frente a los grandes conflictos nacionales.

Las protestas de 2021 profundizaron esa percepción. Amplios sectores del uribismo esperaban una respuesta mucho más firme frente a los bloqueos, los ataques contra la infraestructura pública y las agresiones sufridas por numerosos miembros de la fuerza pública. La prudencia del gobierno fue interpretada por buena parte de su propia base electoral como una renuncia al principio de autoridad que había definido los gobiernos de Álvaro Uribe.

A partir de entonces el desgaste político se aceleró. Muchos de quienes habían respaldado durante años al uribismo comenzaron a sentir que el movimiento ya no expresaba con claridad las convicciones que originalmente lo habían llevado al poder. La búsqueda permanente de moderación, primero con Santos y luego con Duque, terminó diluyendo la identidad política del proyecto. La paradoja fue evidente: en el intento por ampliar su aceptación entre sus adversarios y ante la comunidad internacional, el uribismo fue perdiendo progresivamente la confianza de quienes constituían su propio núcleo electoral. Ese proceso preparó el terreno para el ascenso de Gustavo Petro en 2022 y abrió el camino hacia el agotamiento definitivo del movimiento pocos años después.