Los proverbios de la falaz ética colombiana: dar papaya, roba pero hace, no lo dejan gobernar...

Aristóteles observó en la Retórica que los proverbios poseen un valor singular porque condensan la experiencia acumulada de generaciones enteras. No sobreviven por casualidad. Si una expresión continúa viva después de siglos, es porque una sociedad ha encontrado en ella una explicación aparentemente convincente de la realidad. Los proverbios constituyen, por decirlo así, una filosofía popular destilada por el tiempo.

Sin embargo, precisamente ahí reside también su mayor peligro.

La antigüedad de una idea nunca constituye una prueba de su verdad. Los pueblos ciertamente transmiten sabiduría, pero también prejuicios, supersticiones, falacias y racionalizaciones morales. Un proverbio repetido durante generaciones termina dejando de ser una simple frase ingeniosa para convertirse en una norma ética inconsciente. Ya no describe la realidad: comienza a decirnos cómo debemos interpretarla y, finalmente, cómo debemos comportarnos.

Las palabras poseen un poder extraordinario. No sólo sirven para comunicar pensamientos; también modelan la manera de actuar. Toda lengua organiza la realidad mediante las categorías que pone a disposición de sus hablantes. Una sociedad termina viendo el mundo a través de las expresiones que repite diariamente. Cuando determinadas frases dejan de someterse al examen de la razón, adquieren la autoridad de lo evidente. Nadie pregunta ya si son verdaderas; basta con que «siempre se hayan dicho».

La ética popular suele formarse precisamente de esa manera. Antes de aparecer en los códigos civiles o en los tratados de filosofía, muchas normas morales nacen en la conversación cotidiana. Los niños no aprenden únicamente observando el comportamiento de los adultos; aprenden también escuchando sus refranes. Si durante toda la infancia oyen que «el vivo vive del bobo», que «dio papaya», que «roba, pero hace» o que «si voy a la cárcel, que no sea por veinte dólares sino por diez millones», terminan incorporando esas expresiones como principios de interpretación del mundo. El lenguaje acaba educando la conciencia mucho antes de que aparezca la reflexión filosófica.

Los proverbios tampoco nacen en el vacío. Tienen una historia y, en cierto sentido, también una genealogía. Surgen en determinados grupos humanos porque allí cumplen una función concreta. Un proverbio mafioso sirve para justificar la lealtad entre delincuentes; uno carcelario ayuda a racionalizar la vida del crimen; uno político normaliza la corrupción; uno revolucionario legitima la violencia en nombre de una causa superior; otro, nacido del conformismo popular, enseña a resignarse frente a la injusticia. Sólo después abandonan esos círculos para difundirse por toda la sociedad, donde terminan pareciendo verdades universales desprovistas de cualquier contexto.

Difícilmente «roba, pero hace» nació en un seminario de ética pública. Todo indica que surgió allí donde era necesario justificar el enriquecimiento ilícito mediante la eficacia administrativa. «Si voy a la cárcel, que no sea por veinte dólares sino por diez millones» tampoco invita a evitar el delito; enseña, por el contrario, que el crimen sólo merece la pena cuando produce una fortuna suficiente para compensar el riesgo. «No llame ladrón a nadie quien tenga hijo varón» introduce otra forma de relativismo moral, al sugerir que toda condena depende de quién sea el acusado y de los vínculos afectivos que nos unan a él. «Dio papaya», finalmente, desplaza la responsabilidad del delincuente hacia la víctima, como si la imprudencia de ésta disminuyera la gravedad del delito.

Cada uno de esos refranes encierra una pequeña teoría moral. Ninguno es inocente. Todos contienen una determinada concepción de la justicia, de la responsabilidad, del poder o del crimen. Repetidos aisladamente podrían parecer simples ocurrencias populares; repetidos durante generaciones terminan configurando la ética cotidiana de una nación.

El problema no consiste únicamente en que existan corruptos. Corruptos ha habido en todas las épocas y en todos los países. Lo verdaderamente preocupante es que una sociedad llegue a fabricar un lenguaje falaz destinado a justificarlos. Porque cuando el vocabulario comienza a absolver aquello que la razón debería condenar, la corrupción deja de ser una excepción para convertirse en una costumbre cultural.

Los siguientes ensayos abordan determinados episodios de la política colombiana con el fin de examinar fórmulas lingüísticas que han terminado legitimando ciertas conductas. Detrás de cada proverbio existe una filosofía implícita; detrás de cada filosofía, una determinada concepción del ser humano; y detrás de cada concepción del ser humano, una forma específica de organizar la vida en sociedad.

Las leyes pueden castigar los delitos, pero sólo la cultura decide cuáles terminan siendo tolerables. Esa cultura comienza a construirse con palabras. Lo que una generación repite sin pensar, la siguiente acaba creyéndolo sin discutirlo. Las frases se convierten en hábitos; los hábitos, en costumbres; las costumbres, en instituciones; y las instituciones, finalmente, en el carácter moral de un pueblo.

La regeneración ética deba comenzar por una regeneración del lenguaje. Antes de reformar los códigos, conviene examinar los proverbios. Antes de preguntarnos por qué existe tanta corrupción, deberíamos preguntarnos qué frases llevamos siglos repitiendo para hacerla parecer natural. Sólo cuando los proverbios vuelven a someterse al juicio de la razón recupera la ética su verdadero lugar: no el de la repetición irreflexiva, sino el del pensamiento crítico.

 1. Roba pero hace - Proverbios de la falaz ética colombiana

La política colombiana parece haber entrado, sin embargo, en una etapa completamente distinta. La antigua resignación del «roba, pero hace» ha sido sustituida por una nueva fórmula igualmente peligrosa: «No lo dejan gobernar». Ya no se intenta demostrar que el gobernante transformó positivamente la realidad a pesar de haberse enriquecido ilícitamente. Ahora se afirma exactamente lo contrario: aunque no existan obras proporcionales al gasto público, aunque las instituciones se deterioren y aunque aparezcan escándalos sucesivos de corrupción, todo obedece a una conspiración permanente de sus adversarios, quienes supuestamente le impiden gobernar.

La diferencia entre ambas justificaciones resulta enorme. La primera reconocía implícitamente la existencia de un delito, pero lo relativizaba en consideración a los beneficios obtenidos por la sociedad. La segunda ni siquiera admite la posibilidad de un fracaso administrativo. Toda denuncia pasa a interpretarse como persecución política; toda investigación judicial como una conspiración; toda crítica como un intento de sabotear el cambio. El gobernante deja de responder por sus resultados porque siempre existe una explicación externa que desplaza la responsabilidad hacia sus opositores.

Durante los últimos años Colombia ha presenciado precisamente esa transformación del discurso político. Las investigaciones sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las confesiones públicas de Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como los procesos penales abiertos contra altos funcionarios y exfuncionarios, constituyen hechos judiciales ampliamente conocidos. Corresponde naturalmente a los tribunales establecer la responsabilidad penal individual de cada implicado. Pero políticamente el fenómeno resulta revelador. Mientras se acumulaban denuncias de desvío de recursos públicos destinados a atender emergencias nacionales, la explicación ofrecida por numerosos defensores del gobierno no consistía en exigir responsabilidades, sino en afirmar que el Presidente simplemente «no lo dejaban gobernar».

La fórmula resulta extraordinariamente eficaz porque desplaza toda responsabilidad hacia funcionarios subordinados. El gobernante aparece siempre rodeado de colaboradores que, según esa explicación, actuaron por iniciativa propia. Los ministros, directores de entidades, asesores y contratistas comparecen ante los jueces; el líder político permanece simbólicamente separado de las actuaciones de quienes él mismo designó para administrar el Estado. La responsabilidad penal corresponde establecerla a los tribunales. La responsabilidad política, en cambio, pertenece inevitablemente al gobernante que escogió a sus colaboradores, definió las prioridades de su administración y permitió que esa estructura funcionara bajo su autoridad.

La historia conoce bien ese mecanismo. Durante siglos los emperadores chinos gobernaron mediante una vasta burocracia de mandarines. Ellos administraban los impuestos, ejecutaban las órdenes imperiales y respondían por los abusos del poder. Cuando surgía un escándalo, los mandarines eran destituidos o castigados mientras el emperador permanecía por encima de toda responsabilidad. La autoridad suprema conservaba intacto su prestigio porque siempre existía un funcionario sacrificable sobre quien descargar la culpa. La arquitectura del poder sobrevivía precisamente gracias a esa distribución selectiva de responsabilidades.

No deja de sorprender que mecanismos semejantes reaparezcan una y otra vez bajo sistemas políticos muy diferentes. El problema ya no consiste únicamente en determinar quién firmó un contrato o quién autorizó un pago irregular. La cuestión verdaderamente política consiste en preguntarse por qué determinados gobiernos generan reiteradamente redes enteras de funcionarios investigados mientras la máxima autoridad permanece sistemáticamente al margen de toda responsabilidad política.

A ello se añade un fenómeno todavía más preocupante: la justificación ideológica de la corrupción. Desde Lenin, la llamada dictadura del proletariado introdujo un principio profundamente novedoso dentro de la moral política. Los actos dejaron de juzgarse por su naturaleza para comenzar a juzgarse por la identidad ideológica de quien los cometía. Robar, censurar, encarcelar, secuestrar o incluso matar podían dejar de ser condenables si tales acciones contribuían al triunfo de la Revolución. El fin confería legitimidad moral a medios que, en cualquier otra circunstancia, habrían sido considerados criminales.

Esa lógica no desapareció con la caída de la Unión Soviética. Sobrevive cada vez que una sociedad comienza a justificar conductas objetivamente reprochables porque han sido ejecutadas por quienes dicen representar una causa considerada superior. El problema ya no consiste únicamente en la existencia de corrupción, sino en la desaparición misma del juicio moral sobre ella.

Resulta llamativo observar cómo determinados sectores reaccionan frente a escándalos similares según la identidad política de sus protagonistas. Cuando un dirigente de derecha es investigado, la simple sospecha suele bastar para exigir su condena pública inmediata. Cuando los implicados pertenecen a la izquierda, aparecen con frecuencia argumentos destinados a relativizar los hechos: que las investigaciones hacen parte de una persecución política; que las instituciones pretenden impedir las reformas; que el verdadero responsable no es el gobernante sino sus funcionarios; o, finalmente, que todo constituye una estrategia para impedir que gobierne.

La democracia no puede sobrevivir sobre semejante doble rasero. El Estado de derecho exige precisamente lo contrario: que idénticos hechos produzcan idénticos juicios, independientemente de la ideología del acusado. De lo contrario, la justicia deja de juzgar conductas para comenzar a juzgar personas.

La honestidad de un estadista tampoco puede medirse únicamente por la inexistencia de bienes registrados a su nombre. Si bastara ocultar el patrimonio tras familiares, allegados, fundaciones o terceros para conservar intacta la reputación pública, la corrupción quedaría reducida a un simple problema de habilidad jurídica. La verdadera evaluación política debe abarcar un panorama mucho más amplio: el estado en que quedan las instituciones, la eficiencia con que se administran los recursos públicos, las obras ejecutadas, la calidad de los servicios prestados y el bienestar efectivo de la población.

El viejo dicho  «roba, pero hace» terminó siendo sustituido por el todavía más peligroso «no lo dejan gobernar». El primero, al menos, reconocía implícitamente la existencia de un problema moral. El segundo elimina incluso esa última barrera. Si todo fracaso puede atribuirse a conspiraciones externas y toda denuncia puede descartarse como persecución política, entonces ningún gobernante volverá jamás a responder por los resultados de su propia administración.

Al final, las naciones no prosperan porque sus dirigentes se proclamen incorruptibles ni porque sus seguidores repitan incesantemente que sus adversarios les impiden gobernar. Prosperan cuando las instituciones funcionan, cuando las leyes se aplican con independencia de la ideología de los acusados y cuando los gobernantes entienden que el poder no constituye un patrimonio personal ni una revancha histórica, sino una responsabilidad temporal frente a millones de ciudadanos cuyos impuestos exigen algo mucho más sencillo que los discursos: resultados.

 

2. No lo dejan gobernar - Proverbios de la falaz ética colombiana

Durante décadas la corrupción en Colombia se justificó con una frase que terminó formando parte del folclor político: «Roba, pero hace». Hoy esa expresión ha sido reemplazada por otra mucho más peligrosa: «No lo dejan gobernar». La primera reconocía implícitamente la existencia de un posible delito, pero intentaba relativizarlo en consideración a las obras realizadas. La segunda ni siquiera admite la posibilidad del fracaso administrativo. Toda crítica, toda investigación y toda denuncia pasan a interpretarse como parte de una conspiración destinada a impedir que el gobernante cumpla su programa.

La diferencia entre ambas fórmulas resulta profunda. Quien decía «roba, pero hace» aceptaba, al menos en teoría, que podía existir corrupción. Quien afirma «no lo dejan gobernar» elimina incluso esa posibilidad. El gobernante deja de responder por sus resultados porque siempre existe un enemigo responsable de sus fracasos: el Congreso, los jueces, la prensa, los empresarios, la oposición, las altas cortes o cualquier otra institución que limite el poder del Ejecutivo.

La democracia, sin embargo, se fundamenta precisamente en esos límites. Gobernar no consiste en ejercer un poder absoluto, sino en administrar un Estado sometido a pesos y contrapesos constitucionales. Ningún presidente gobierna sin oposición, como tampoco ningún alcalde o gobernador dispone de recursos ilimitados o de facultades irrestrictas. Atribuir todos los fracasos a quienes ejercen controles equivale a vaciar de contenido el principio mismo de responsabilidad política.

Durante los últimos años Colombia ha asistido a una sucesión de escándalos relacionados con la administración de recursos públicos. Las investigaciones sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las confesiones públicas de Olmedo López y Sneyder Pinilla y los procesos judiciales iniciados contra distintos funcionarios constituyen hechos ampliamente documentados. Corresponde naturalmente a los jueces determinar la responsabilidad penal individual de cada uno de los implicados. Ese es precisamente el propósito del Estado de derecho.

Pero existe otra responsabilidad distinta, anterior incluso a la penal: la responsabilidad política. Un gobernante elige a sus ministros, directores de entidades, asesores y altos funcionarios. Define las prioridades de su administración, distribuye el presupuesto y establece los mecanismos de control interno. Cuando una misma administración produce repetidamente escándalos de corrupción, la cuestión ya no consiste únicamente en determinar quién firmó un contrato irregular o quién recibió una comisión ilegal. La pregunta inevitable es qué tipo de estructura administrativa permitió que semejantes prácticas llegaran a convertirse en un fenómeno recurrente.

Con frecuencia se responde que el gobernante no puede vigilar personalmente a cada uno de sus colaboradores. La observación es cierta. Ningún jefe de Estado administra directamente cada oficina pública. Pero precisamente por ello la responsabilidad política no desaparece. Elegir correctamente a los colaboradores constituye una de las funciones esenciales del poder. Si todos los errores son siempre responsabilidad exclusiva de los subordinados, entonces ningún gobernante responderá jamás por el funcionamiento de su propia administración.

La historia ofrece numerosos ejemplos de esa forma de ejercer el poder. Durante siglos los emperadores chinos gobernaron mediante una inmensa burocracia de mandarines. Eran ellos quienes recaudaban impuestos, ejecutaban las órdenes imperiales, firmaban documentos y administraban las provincias. Cuando aparecía un escándalo, el mandarín era destituido, encarcelado o ejecutado, mientras el emperador conservaba intacta su autoridad. El sistema descansaba precisamente sobre esa separación entre el poder supremo y quienes asumían públicamente las consecuencias de sus decisiones.

Ese modelo reaparece una y otra vez bajo formas diferentes. Los subordinados comparecen ante los tribunales mientras el liderazgo político permanece moralmente indemne ante sus seguidores. La responsabilidad penal corresponde a quienes ejecutaron los actos; la responsabilidad política se diluye hasta desaparecer entre innumerables funcionarios intermedios. El resultado es un curioso fenómeno: cuanto mayor es la concentración del poder, menor parece ser la responsabilidad de quien lo ejerce.

La explicación que suele ofrecerse entonces resulta todavía más reveladora: «No lo dejan gobernar». Si un ministro es investigado, la culpa pertenece al ministro. Si un director de entidad es procesado, la responsabilidad corresponde al director. Si aparecen escándalos sucesivos de corrupción, se afirma que todo obedece a un sabotaje político destinado a impedir las reformas. La administración nunca fracasa por sus propios errores; siempre fracasa porque otros impiden su éxito.

La eficacia de esa explicación reside en su imposibilidad de ser refutada. Toda evidencia contraria se convierte automáticamente en prueba de la conspiración. Si aparecen nuevas investigaciones, ello demostraría que la persecución continúa. Si intervienen los organismos de control, se dirá que hacen parte del mismo complot. Si los medios publican nuevas denuncias, serán acusados de servir a intereses políticos o económicos. El gobernante queda así protegido por un círculo argumentativo del que ninguna evidencia logra escapar.

Las democracias liberales fueron construidas precisamente para evitar semejante lógica. La alternancia en el poder, la independencia judicial, la libertad de prensa y los organismos de control existen porque ningún gobernante debe convertirse en juez de sí mismo. Cuando toda crítica se interpreta como un ataque contra la democracia y toda investigación como una persecución política, el poder deja gradualmente de rendir cuentas ante los ciudadanos.

La verdadera prueba de un estadista no consiste únicamente en la pureza de sus intenciones ni en la brillantez de sus discursos. Consiste en la calidad de las instituciones que deja funcionando cuando abandona el cargo. Un buen gobernante fortalece los mecanismos de control, acepta la crítica y comprende que responder políticamente por los errores de su administración no constituye una humillación, sino una obligación inherente al ejercicio del poder.

La excusa de «no lo dejan gobernar» termina siendo mucho más peligrosa que el antiguo «roba, pero hace». La segunda reconocía, aunque fuera de manera resignada, la existencia de un problema moral. La primera elimina toda posibilidad de responsabilidad política. Allí donde ningún gobernante acepta responder por los resultados de su administración, la democracia deja de ser un sistema de rendición de cuentas para convertirse en un ejercicio permanente de justificaciones.

 

3. Si roba es por el bien del pueblo - Proverbios de la falaz ética colombiana

Otro de los cuestionables refranes que han calado en Colombia desde los círculos marxistas, es el de justificar la corrupción, quizá la más peligrosa de todas: convencer a una sociedad de que determinados delitos dejan de ser delitos cuando se cometen en nombre de una causa superior.

Toda civilización se sostiene sobre un principio elemental: las acciones poseen un contenido moral propio. Robar, secuestrar, asesinar, torturar o desfalcar el patrimonio público constituyen delitos independientemente de quién los cometa. La ley existe precisamente para impedir que el poder político decida arbitrariamente cuándo una conducta deja de ser criminal. Sin esa igualdad ante la ley, la justicia desaparece y sólo permanece la voluntad del gobernante.

Las grandes revoluciones modernas introdujeron una idea distinta. Robespierre fue el primero en afirmar que el Terror no era un crimen, sino una necesidad moral para salvar la Revolución Francesa. Poco después Lenin desarrolló esa misma lógica bajo la dictadura del proletariado. Ya no importaba la naturaleza de los actos, sino la identidad de quien los ejecutaba y el objetivo político que perseguía. Si una ejecución, un encarcelamiento, una confiscación o una censura contribuían al triunfo de la Revolución, dejaban de considerarse actos inmorales para convertirse en instrumentos legítimos de la Historia.

Stalin llevó ese principio hasta sus últimas consecuencias. Millones de personas fueron ejecutadas, deportadas o encarceladas porque representaban un obstáculo para la construcción del Estado socialista. Los procesos judiciales dejaron de buscar la verdad para convertirse en ceremonias destinadas a justificar decisiones políticas previamente adoptadas. La moral dejó de ser universal para transformarse en un privilegio reservado a quienes actuaban en nombre del Partido.

Ese fenómeno no pertenece únicamente al pasado soviético. Toda ideología que sostiene que el fin justifica los medios termina recorriendo el mismo camino. El crimen deja de juzgarse por su gravedad y comienza a evaluarse según la nobleza de la causa que supuestamente sirve.

Por ello las organizaciones revolucionarias rara vez consideran inmorales sus propios actos. El secuestro pasa a llamarse retención; la censura se convierte en protección del pueblo; el fraude electoral aparece como defensa de la democracia; la confiscación se presenta como justicia social; el enriquecimiento ilícito se interpreta como una compensación histórica frente a siglos de desigualdad. Cambian las palabras para evitar cambiar la realidad.

En Colombia ese fenómeno ha adquirido una expresión particularmente preocupante. Una parte importante de la izquierda parece juzgar los escándalos de corrupción mediante un criterio diferente del que aplica a sus adversarios políticos. Si un dirigente de derecha resulta investigado, la simple sospecha suele bastar para exigir su condena pública inmediata. Si el implicado pertenece a la izquierda, aparecen explicaciones destinadas a relativizar los hechos: la persecución judicial, el sabotaje de las élites, la conspiración mediática, el lawfare o la necesidad de proteger un proyecto político superior.

No deja de llamar la atención que, frente a escándalos ampliamente documentados, el debate termine desplazándose desde los hechos hacia las supuestas intenciones de quienes los denuncian. Las confesiones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y los procesos judiciales abiertos contra diversos funcionarios constituyen hechos públicos que deberán ser valorados por los jueces. Sin embargo, una parte del debate político ha preferido concentrarse en descalificar a quienes denuncian los hechos antes que discutir el contenido mismo de las investigaciones.

Ese desplazamiento constituye precisamente el triunfo del dogmatismo. Cuando una ideología comienza a considerar que el verdadero problema no consiste en la existencia de la corrupción sino en el daño político que produce denunciarla, la corrupción deja de ser un accidente administrativo para convertirse en un mecanismo protegido por la propia militancia.

La historia ofrece innumerables ejemplos de ese comportamiento. Los regímenes comunistas justificaron durante décadas la censura porque defendía al pueblo; los campos de concentración porque protegían la Revolución; las ejecuciones porque eliminaban enemigos de clase; las expropiaciones porque corregían injusticias históricas. Ninguna de esas decisiones era presentada como un crimen. Todas eran descritas como sacrificios necesarios para alcanzar un bien superior.

El peligro de semejante razonamiento consiste en que destruye el fundamento mismo del Estado de derecho. La ley deja de ser igual para todos. Los actos ya no se juzgan objetivamente; se juzga únicamente la identidad política de quien los ejecuta. Un mismo hecho recibe condenas radicalmente distintas dependiendo del partido al que pertenezca su autor.

Toda democracia necesita ciudadanos capaces de indignarse con la misma intensidad frente a idénticos delitos, sin importar quién los haya cometido. Si el robo cometido por un adversario provoca escándalo, mientras el mismo robo ejecutado por un aliado merece comprensión o silencio, la justicia ha dejado de ser justicia para convertirse en propaganda.

La corrupción más peligrosa no sea la económica, sino la corrupción del juicio moral. El dinero robado puede recuperarse; las instituciones pueden reconstruirse; incluso las economías terminan por levantarse después de una crisis. Mucho más difícil resulta reconstruir una sociedad que ha perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal porque una ideología le enseñó que toda acción deja de ser criminal cuando sirve a una causa considerada noble.

Las naciones no comienzan a destruirse cuando aparecen los primeros corruptos. Comienzan a destruirse cuando una parte de la sociedad decide que ciertos corruptos merecen indulgencia porque pertenecen al bando correcto. En ese instante desaparece la igualdad ante la ley y nace una justicia de privilegios, donde el delito ya no depende de lo que se hace, sino de quién lo hace y de la bandera bajo la cual afirma actuar.

Ese fue el legado más duradero de las revoluciones totalitarias del siglo XX. Y ese sigue siendo, todavía hoy, uno de los mayores peligros para cualquier democracia que aspire a seguir siendo verdaderamente libre.

 

4. Si me llevan a la cárcel, que sea por diez millones - Proverbios de la falaz ética colombiana

Entre los proverbios que mejor retratan la crisis ética colombiana, pocos resultan tan reveladores como aquel que afirma: «Si me llevan a la cárcel, que no sea por veinte dólares sino por diez millones». A primera vista parece una simple ocurrencia humorística. Sin embargo, como sucede con muchas expresiones populares, basta examinarla con detenimiento para descubrir una concepción profundamente deformada de la justicia.

El refrán no invita a evitar el delito. Invita a calcularlo. No establece una diferencia entre el bien y el mal, sino entre un crimen rentable y otro estúpido. La cárcel deja de concebirse como la consecuencia natural de una conducta inmoral y pasa a convertirse en un simple riesgo financiero. El delincuente ya no se pregunta si debe delinquir, sino cuánto debe obtener para que el negocio valga la pena.

La sola existencia de una frase semejante demuestra que una parte de la sociedad ha llegado a una conclusión inquietante: en Colombia los grandes delincuentes parecen afrontar consecuencias mucho más llevaderas que los pequeños.

Durante muchos años, en Bucaramanga circuló una expresión cargada de ironía: «el patio de Ruitoque». El nombre aludía al lenguaje penitenciario colombiano, donde cada pabellón recibe tradicionalmente el nombre de patio: el Patio 1, el Patio 2, el Patio 5. Sólo que, según la broma popular, el patio más cómodo del país no estaba dentro de una cárcel, sino en uno de los condominios más exclusivos de Santander.

La ironía se fundamenta en que Ruitoque constituye un enorme desarrollo residencial construido sobre unas quinientas hectáreas, con amplias reservas forestales, vías internas, un club social, campo de golf de dieciocho hoyos, academia de golf, ocho canchas de tenis, piscinas, gimnasios, restaurantes y numerosos servicios propios de una pequeña ciudad privada. Muy cerca funcionan además hoteles, centros médicos de alta complejidad e incluso un helipuerto.

No es necesario discutir aquí la legalidad de cada medida de detención domiciliaria concedida por los jueces. El problema es otro: la percepción de justicia que semejantes situaciones producen en el ciudadano común.

Mientras algunos responsables de multimillonarios desfalcos al patrimonio público cumplen condenas en residencias rodeadas de jardines, zonas deportivas y todas las comodidades imaginables, quien roba una batería, un teléfono celular o incluso alimentos puede terminar durante años hacinado en una celda de pocos metros cuadrados compartida con varios internos. La privación de la libertad castiga a ambos infractores, pero las condiciones materiales bajo las cuales se cumple esa sanción difícilmente parecen comparables.

Esa diferencia explica la acogida del proverbio. La frase sacrifica toda reflexión filosófica por un cálculo económico. Si el sistema parece castigar con mayor dureza al pequeño delincuente que al gran corrupto, la conclusión cínica resulta casi inevitable: si alguna vez se va a delinquir, conviene hacerlo por una suma suficientemente grande como para garantizar una buena defensa jurídica y, eventualmente, una condena mucho más soportable.

El proverbio «Si me llevan a la cárcel, que sea por diez millones» pretende presentar el crimen como un negocio inteligente. En realidad, revela una extraordinaria pobreza espiritual. Confunde riqueza con prosperidad, impunidad con felicidad y éxito económico con plenitud humana. Tal vez por eso todas las grandes tradiciones filosóficas y religiosas, desde Aristóteles hasta el budismo, pasando por el cristianismo y el estoicismo, terminan coincidiendo en una misma advertencia: el delito puede proporcionar dinero, poder o prestigio momentáneo, pero jamás libera a quien lo comete de las consecuencias morales de sus propios actos. El crimen, tarde o temprano, siempre termina cobrando su precio.

 

5. No llame ladrón a nadie quien tenga un hijo varón - Proverbios de la falaz ética colombiana

—Tengo un negocio que puede interesarle —le dijo un conocido a mi padre una mañana, mientras trabajaba en su pequeño taller de ventanería de aluminio en Bucaramanga.

Mi padre dejó las herramientas sobre la mesa y lo invitó a sentarse.

—¿De qué se trata?

El visitante le explicó que bastaba utilizar la empresa para exportar materiales a Venezuela y facturar operaciones por sumas astronómicas. Él aportaría el dinero; la empresa serviría para darle apariencia de legalidad a las transacciones y, a cambio, mi padre recibiría aproximadamente un treinta por ciento de cada operación.

Escuchó la propuesta completa antes de responder.

—No cometí un crimen cuando era joven; mucho menos voy a cometerlo ahora que me acerco a la vejez.

Mi padre concluyó la conversación y el conocido se fue alegando que iría a proponer su negocio en otros lares.

Durante los años siguientes otras empresas del mismo sector aceptaron propuestas semejantes. Algunas crecieron con extraordinaria rapidez, ampliaron sus instalaciones y ofrecían precios con los que una empresa financiada exclusivamente por el producto de su trabajo difícilmente podía competir. Una de ellas incluso cambió su razón social cuando comenzaron las investigaciones judiciales. Mi padre continuó trabajando hasta los setenta años, cuando cerró el negocio por la pandemia.

La ética de mi padre refutaba un consabido proverbio colombiano: «No llame ladrón a nadie quien tenga un hijo varón». Su origen remite a una observación psicológica: el afecto puede modificar el juicio. Mientras el delincuente sea el hijo del vecino, reclamaremos el máximo rigor de la ley; cuando el acusado pertenezca a nuestra familia, aparecerán inmediatamente las explicaciones, las circunstancias atenuantes y las justificaciones. El parentesco comienza entonces a sustituir el criterio moral.

En el conflicto entre el amor filial y la justicia reside el verdadero alcance del proverbio. La justicia deja de fundarse en los hechos para depender del vínculo afectivo. El robo continúa siendo el mismo; únicamente cambia la identidad del ladrón. La conciencia termina aceptando dos escalas morales: una para los extraños y otra para los propios.

Mi padre ha rechazado vehementemente esa división. Alguien podría decir que perdió una oportunidad extraordinaria para hacerse rico. La realidad fue exactamente la contraria. Conservó aquello que el dinero nunca puede comprar: la libertad de mirar toda su vida sin avergonzarse de una sola de sus decisiones.

Más de una vez alguien me ha dicho con absoluta naturalidad:

—Lo que pasa es que a mí nunca me han ofrecido un negocio así.

Siempre respondo lo mismo. Si algún día me lo propusieran, mi respuesta sería exactamente la de mi padre. Lo hice yo mismo, aunque en una escala menor, cuando rechacé un soborno para aprobar a un estudiante que jamás asistía a clases en Asia Central.

El problema de la corrupción es metafísico; comienza mucho antes de la sentencia de un juez. Comienza cuando una persona acepta beneficiarse del sufrimiento de miles de desconocidos.

Quien desvía recursos públicos suele imaginar que únicamente altera una partida presupuestal o una cifra inscrita en un balance contable. Sin embargo, detrás de cada peso apropiado ilegalmente existen personas concretas. El puente que nunca llegó a construirse obliga durante años a centenares de niños a atravesar un río suspendidos de una cuerda para asistir a la escuela. La carretera inconclusa retrasa una ambulancia cuyo paciente muere antes de alcanzar un hospital. El acueducto abandonado condena a una población entera a consumir agua contaminada. La escuela que jamás abrió sus puertas priva a generaciones completas de oportunidades irrecuperables. La corrupción nunca roba únicamente dinero; también roba salud, educación, tiempo y vidas humanas.

El corrupto incurre en un error cuya gravedad supera incluso el beneficio económico que persigue. Celebra el tamaño de su fortuna, pero ignora la magnitud del sufrimiento que produce. Confunde el éxito con el enriquecimiento y olvida que toda riqueza obtenida mediante el daño ajeno incorpora silenciosamente ese mismo daño.

Las grandes tradiciones morales de la humanidad coinciden en este punto. El hinduismo y el budismo hablan del karma; el cristianismo enseña que cada hombre termina cosechando aquello que ha sembrado; los estoicos sostienen que ninguna acción injusta deja intacto el carácter de quien la ejecuta. Las palabras cambian; la idea permanece: toda acción produce consecuencias que exceden las decisiones de los tribunales.

Vivimos en una época secular que suele reservar estas cuestiones al ámbito de las creencias personales. Ninguna investigación médica demostrará que una enfermedad constituye la consecuencia directa de un delito cometido décadas antes; ningún expediente judicial puede pronunciarse sobre esa materia. Como observa Chesterton al concluir El ojo de Apolo, existen juicios cuya competencia pertenece a otra jurisdicción.

Conocí el caso de un hombre que hizo una enorme fortuna lavando dinero. Cumplió una condena en los Estados Unidos y regresó convencido de haber alcanzado finalmente la vida con la que siempre había soñado. Instalado en una mansión frente al mar Caribe, repetía que ahora disfrutaría todo aquello por lo que había luchado. Poco después un cáncer agresivo lo dejó prácticamente inmovilizado. Nadie puede establecer una relación causal entre ambos hechos. Esa historia recuerda, sin embargo, que ninguna fortuna garantiza la paz interior ni asegura una existencia feliz. 

Alexis de Tocqueville observó que la fuerza de los Estados Unidos descansaba menos en sus leyes que en las costumbres de sus ciudadanos. Ningún sistema jurídico puede reemplazar la conciencia individual. Cuando una sociedad comienza a admirar al corrupto enriquecido, las leyes conservan su texto, pero pierden progresivamente su autoridad moral.

Mi padre nunca reunió una gran fortuna. A sus ochenta y cuatro años conserva, en cambio, una salud que sorprende a cuantos lo conocen. Cuando alguien me pregunta cuál ha sido el secreto de esa vejez, siempre respondo lo mismo: su honradez. 

Desde niño aprendí la máxima, mucho más antigua que todos nuestros proverbios populares, una pregunta que ha atravesado los siglos sin perder actualidad: «¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?». Ninguna fortuna ha conseguido responderla de otra manera.

 

6. No dé papaya - Proverbios de la falaz ética colombiana

Mi padre, Flavio Santander, descubrió una mañana que dos de sus empleados llevaban meses desfalcando el pequeño taller de ventanería de aluminio que había levantado con décadas de trabajo. Llamó primero a uno de ellos y le preguntó por qué lo había hecho.

El hombre no negó los hechos. Tampoco intentó ocultarlos.

—¿Y qué podía hacer, don Flavio? Usted me dio papaya.

Aquella respuesta me sorprendió mucho más que el robo. El empleado no discutía su conducta; discutía la de mi padre. El centro del problema dejaba de ser quien había hurtado para desplazarse hacia quien había confiado. La culpa ya no recaía sobre el ladrón, sino sobre la víctima. En una sola frase aparecía condensado uno de los proverbios más repetidos de Colombia.

«No dé papaya.»

Pocas expresiones revelan con tanta claridad la manera como el lenguaje puede alterar el juicio moral de una sociedad. Presentado como un simple consejo de prudencia, el refrán contiene una inversión ética de enormes consecuencias. La pregunta deja de ser por qué alguien roba y pasa a convertirse en por qué otro facilitó el robo. El delincuente desaparece del centro de la discusión; la víctima ocupa su lugar.

Naturalmente, toda persona prudente procura proteger sus bienes. Nadie deja deliberadamente la puerta de su casa abierta, ni abandona su teléfono celular sobre una banca de un parque concurrido. La prudencia constituye una virtud antigua y perfectamente razonable. El problema comienza cuando esa recomendación práctica termina convirtiéndose en una explicación moral del delito.

Después de un robo es frecuente escuchar comentarios como: «¿Para qué sacó el celular?», «¿Quién lo manda a caminar por ese barrio?», «¿Cómo se le ocurre dejar el carro abierto?». Ninguna de esas preguntas se dirige al delincuente. Todas recaen sobre quien sufrió el crimen. Poco a poco, el lenguaje desplaza la responsabilidad hasta convertir la imprudencia de la víctima en el verdadero objeto del reproche.

Esa inversión resulta todavía más visible cuando la expresión se utiliza para justificar el propio delito. El empleado de mi padre jamás dijo: «Robé porque soy deshonesto». Dijo: «Usted me dio papaya». En su razonamiento, el acto de confiar había creado una oportunidad cuya existencia legitimaba el robo. El crimen dejaba de ser una decisión libre para convertirse en una consecuencia casi inevitable de la ingenuidad ajena.

La misma lógica aparece en numerosos ámbitos de la vida colombiana. Durante la pandemia, el entonces senador Gustavo Bolívar comentó en redes sociales que uno de los sectores más afectados era el de los ladrones, porque ya no había personas en las calles para robarles sus teléfonos celulares. La observación pretendía ser humorística; sin embargo, revelaba hasta qué punto el delito podía llegar a contemplarse como una actividad económica más, afectada simplemente por las condiciones del mercado. Cuando una sociedad incorpora esa mirada, termina aceptando implícitamente que siempre existirán ladrones y que la verdadera obligación consiste en facilitarles el trabajo lo menos posible.

Ese razonamiento suele apoyarse en otra idea igualmente extendida: la falta de oportunidades. Se afirma que quien roba lo hace porque la sociedad no le dejó otra salida. Sin embargo, esa explicación convierte una circunstancia social en una necesidad moral.

Gilles Deleuze, al estudiar el naturalismo en el cine, observó que ese universo narrativo se caracteriza precisamente por el cierre progresivo de todas las posibilidades hasta dejar a los personajes atrapados en un destino del que únicamente pueden escapar mediante la destrucción o la muerte. Películas como Los olvidados de Buñuel representan magistralmente ese mundo sin alternativas. La ficción necesita con frecuencia esa fatalidad para alcanzar su fuerza dramática.

La vida cotidiana ofrece un panorama distinto. Existen personas que nacen en condiciones extremadamente difíciles y, aun así, rechazan el crimen. Otras disfrutan de todas las ventajas imaginables y terminan convirtiéndose en delincuentes. Las circunstancias influyen; la decisión continúa perteneciendo al individuo. Si el delito fuera una consecuencia inevitable de la pobreza, todos los pobres serían delincuentes y ningún rico comparecería jamás ante un tribunal.

Los relatos reunidos por Alfredo Molano ilustran esa realidad con una claridad excepcional. En ellos aparecen guerrilleros, paramilitares, asesinos y campesinos atrapados por la violencia; pero también muestran cómo cada acto violento termina prolongándose sobre la vida de quien lo ejecuta. La violencia destruye a sus víctimas; también desfigura a quienes hacen de ella una forma de existencia. Ninguno de esos testimonios presenta el crimen como una solución duradera.

En otra ocasión escuché a un antiguo integrante de una organización armada justificar el robo de sus propias botas militares con una frase semejante: «Así como las robaba yo, me las robaban a mí». El argumento vuelve a ser idéntico. La conducta ajena se transforma en autorización para repetir el mismo comportamiento. El círculo del delito se perpetúa porque cada nueva víctima se considera legitimada para convertirse, a su vez, en victimario.

La inteligencia moral consiste precisamente en romper esa cadena. Quien ha sido engañado no adquiere por ello el derecho a engañar; quien ha sido robado no obtiene licencia para robar; quien ha sufrido una injusticia no queda autorizado para cometer otra. Toda civilización comienza cuando alguien decide interrumpir esa sucesión de agravios.

El proverbio «No dé papaya» merece ser sustituido por expresiones mucho más precisas. Si un lugar resulta peligroso, conviene decir que es peligroso. Si en determinado barrio ocurren robos con frecuencia, basta advertirlo. Si una persona debe tomar precauciones, es razonable aconsejárselas. Ninguna de esas recomendaciones desplaza la responsabilidad moral hacia la víctima. Todas conservan intacta la diferencia entre la prudencia y la justicia.

Ninguna sociedad consigue elevar sus estándares éticos mientras continúe educando a sus hijos con proverbios que atenúan la responsabilidad del delincuente y trasladan una parte de su culpa a quienes padecen sus actos.